Juicio político al Contralor huele a sometimiento de lo institucional a lo político

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La intentona del juicio político al Contralor General de la República se encamina al sometimiento de lo institucional a lo político. Al menos es lo que se percibe atendiendo que las causales no tienen razón de ser. Más bien es una vieja práctica y que en el caso de Enrique García viene del año pasado, y que ahora se quiere reflotar con el tufo de la componenda política.

Sólo para recordar, García llega al cargo en noviembre/2016. Básicamente con apoyo del oficialismo de entonces y un pequeño grupo (hoy sin representación parlamentaria) vinculado a los hermanos Ferreiro (Avanza País). Pero el romance duró menos de un año. A mediados de 2017, la CGR -contra todo pronóstico- derrumbó el proyecto de modernización del aeropuerto Silvio Pettirosi. Esa era la bandera emblemática de la APP para el entonces presidente Cartes. Se recomendó la cancelación del procedimiento como derivación de una auditoría practicada.

Habrá que definir si en ese tiempo el contralor “mordió la mano” que lo llevó al cargo por capricho, o si se trató de algo más que desconocemos. Lo cierto es que ahí comenzó a orquestarse luego el juicio político. Por encima de las disquisiciones políticas, es bueno que el control sea efectivo. Y una muestra de efectividad es que no se diga siempre el acuerdo, y está todo bien, a todo lo que venga del Gobierno.

Este medio de prensa hizo la investigación para saber cómo están las  causales del juicio en cierne. Veamos los tres puntos:

1-   Una acusación es por hechos anteriores al cargo de contralor (Caso IVESUR/Municipalidad de Asunción), que no puede ser válida para la destitución, aunque sí creemos que García debe explicar lo acontecido. Acá aportamos un detalle de alto valor: La propia justicia a propósito, anuló la imputación que contra el mismo formulara la fiscalía.

2-   Una denuncia sindical por supuesta asignación irregular de viáticos, remuneraciones y contratos de consultoría. Acá también somos claros en afirmar que la propia Fiscalía en su momento solicitó el rechazo del caso.

3-    Una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Más bien es un informe de la SEPRELAD. Esto estaba en poder de la Fiscalía desde el año pasado contra la que se sostiene existe la caracterización de que se “formalizó” una investigación en secreto, con datos cuya sostenibilidad y veracidad dice reprobar el afectado.  

Las tres situaciones se sitúan en el tiempo en el que se gestaron una campaña contra el contralor. Más bien todo indicaría un pase de facturas que al rescate de la institucionalidad. Como siempre en estos casos, las sumas y restas de los votos se vinculan con una compleja urdimbre que entreteje intereses sectoriales políticos, cargos en la Corte, en la Defensoría, y en otros altos puestos en el Estado, de suerte que también este, el de CGR, parece estar destinado a resolverse en el marco de un equilibrio de difícil implementación.

El juicio político, así como está montado, tiene una alta carga de flaquezas. Pues se basa sobre hechos inconsistentes. Así las cosas, la institucionalidad de la República está de nuevo en riesgo y sometido a dame y te doy. Mirando objetivamente, las posibles causales son más bien una operación iniciada como una venganza política. Sí esto corre, el Paraguay estaría escribiendo otro capítulo del sometimiento de lo institucional a lo político

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