Prieto se hace de la Terminal de CDE violando acuerdo y usando la fuerza

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Una comitiva municipal encabezada por el intendente Miguel Prieto violó un acuerdo con una firma privada buscando hacerse de la administración de la terminal de ómnibus de Ciudad del Este. El atropello sufrió la concesionada empresa Itá Paraná SA.

Miguel Prieto no tuvo en cuenta el acuerdo que rige y usó la fuerza para intervenir el local en medio de gritos y violencia. El caos se apoderó desde ayer sábado 19 de la Terminal de Ómnibus ubicada en la capital alto paranaense.

A través de la resolución Nº 322, de fecha 18 de julio de 2019, el intendente dispuso como medida de urgencia y ordenó sacar la administración que está a cargo de la empresa Ita Paraná, representada por Benigno Villasanti Kulman. No tuvo en cuenta ni a los concejales.

La concesión de la terminal es hasta el 2023. Prieto estará en el gobierno municipal un año más. La pregunta que viene es que con el precedente de la violencia mañana puede venir otro Intendente y puede hacer lo mismo que Prieto con lo que no servirán ningún acuerdo o protocolo comercial en Ciudad del Este.

El Jefe Comunal designó a Amílcar Núñez Ibarra como encargado provisorio de la administración de la terminal. Sin embargo, la firma golpeada en su derecho buscará la instancia judicial para defender sus derechos respaldado por el contrato que rige hasta el 2023.

El caso representa un golpe a la seguridad jurídica y un abuso de poder. Todo se mantiene en medio de discusiones entre los asesores jurídicos de la Comuna y los representantes de la empresa. Incluso, los policías se alistaron para cumplir la resolución de Prieto.

El abogado Víctor Daniel Ferreira representante de la firma Ita Paraná, dijo que analizará una acción judicial contra la resolución de la Municipalidad. Consideró como “un atropello a la institucionalidad” la decisión del intendente Prieto de tomar el control de la terminal, pese a la vigencia de un contrato de concesión hasta 2023. Cuestionó la determinación de Prieto sin que antes se dictara una resolución judicial. Remarcó que la concesión fue en el marco de una licitación y que fue avalada por la Junta Municipal y la intendencia

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